La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma para poner fin a lo que ella misma denominó como *pensiones doradas*, un esquema de jubilaciones millonarias que, según sus palabras, representan un gasto injustificado para las finanzas públicas. La medida, aprobada por el Senado en marzo de 2026, busca establecer un tope a estas prestaciones, que en algunos casos superan el millón de pesos mensuales, y reorientar esos recursos hacia pensiones más modestas, que actualmente no rebasan los 15 mil pesos.
El origen de estos pagos se remonta a dos fideicomisos creados bajo esquemas financieros que, paradójicamente, fueron eliminados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El primero, el *Fideicomiso Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nacional Financiera (Nafin)*, es el encargado de cubrir las jubilaciones más altas, mientras que el segundo, el *Fondo de Pensiones de Contribución Definida*, se destina a los trabajadores con ingresos más bajos. La disparidad entre ambos sistemas es evidente: mientras algunos exfuncionarios reciben cheques de seis cifras, la mayoría de los pensionados lucha por cubrir sus necesidades básicas con montos que apenas alcanzan para sobrevivir.
Uno de los casos más llamativos es el de Federico Patiño Márquez, cuya pensión asciende a 130 mil 123 pesos mensuales, según los registros oficiales de Nafin. Este tipo de prestaciones, que Sheinbaum calificó como un “privilegio insostenible”, contrastan con la realidad de miles de mexicanos que dependen de jubilaciones mínimas. La mandataria fue clara al señalar que la reforma no afectará a los trabajadores con contratos colectivos, sino específicamente a los altos mandos y funcionarios de confianza que, durante años, han disfrutado de beneficios desproporcionados financiados con recursos públicos.
La propuesta, que requiere una reforma constitucional, establece que, a partir de su implementación, ninguna pensión podrá exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo Federal. “No se trata de quitar derechos adquiridos, sino de garantizar que el dinero del pueblo se use con justicia y equidad”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina. La medida, sin embargo, ha generado polémica, pues algunos sectores argumentan que vulnera acuerdos laborales previos, mientras que otros la ven como un paso necesario para corregir desigualdades históricas.
Lo cierto es que el debate sobre las *pensiones doradas* pone en evidencia un sistema de retiro que, para muchos, ha sido diseñado para beneficiar a una élite política y burocrática. Mientras los fideicomisos que las sustentan siguen operando, la presión social por una distribución más justa de los recursos públicos crece. La pregunta ahora es si esta reforma logrará equilibrar la balanza o si, por el contrario, quedará en un intento más por contener un problema que, durante décadas, ha sido ignorado.
