El debate sobre cómo gravar a los más ricos de Nueva York ha cobrado nueva intensidad, esta vez con un tono más personal. En el centro de la polémica está Ken Griffin, el magnate fundador del gigante financiero Citadel, cuya fortuna supera los 50 mil millones de dólares. Su nombre ha resonado en los últimos días no solo por su influencia en los mercados, sino por convertirse en el blanco de una propuesta fiscal que busca recaudar cientos de millones para la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el alcalde de Nueva York y respaldada por la gobernadora Kathy Hochul, busca imponer un impuesto adicional a los ultrarricos que, aunque poseen propiedades en la ciudad, no residen en ella de manera permanente. Según sus promotores, la medida podría generar hasta 500 millones de dólares anuales, recursos que se destinarían a programas sociales y servicios públicos. “Cuando me postulé para alcalde, dije que iba a gravar a los ricos. Bueno, hoy estamos gravando a los ricos”, declaró el alcalde en un video publicado en redes sociales el pasado 15 de abril, coincidiendo con el Día de Impuestos en Estados Unidos.

El mensaje, grabado frente al lujoso penthouse de Griffin en el exclusivo rascacielos 220 Central Park South —conocido como la “calle de los multimillonarios”—, no dejó lugar a dudas: el multimillonario fue señalado directamente. Aunque Griffin reside en Miami, su departamento en Manhattan, adquirido en 2019 por la cifra récord de 238 millones de dólares, sigue siendo el más caro jamás vendido en Estados Unidos. El gesto del alcalde no pasó desapercibido: incluso el expresidente Donald Trump, conocido por sus inversiones inmobiliarias en la ciudad, criticó la medida.

Desde Citadel, sin embargo, se defiende el aporte económico de la firma y su fundador. En un correo interno dirigido a los empleados, un ejecutivo de la compañía destacó que, en los últimos cinco años, la empresa ha pagado 2,300 millones de dólares en impuestos en Nueva York. Además, Griffin ha donado 650 millones a organizaciones benéficas del estado. “Incluso si fuéramos un objetivo político, seguiremos ayudando a que la ciudad prospere durante décadas”, aseguró el mensaje, subrayando que Citadel emplea a más de 2,500 personas en la ciudad.

El impuesto propuesto busca cerrar una brecha fiscal que, según sus defensores, beneficia a quienes acumulan riqueza en Nueva York sin contribuir proporcionalmente a su sostenimiento. “Apuntamos a los más ricos de los ricos: aquellos que almacenan su fortuna aquí, pero no viven realmente en la ciudad”, explicó el alcalde. La medida ha generado reacciones encontradas: mientras algunos la ven como un paso necesario para reducir la desigualdad, otros advierten que podría ahuyentar inversiones.

Por ahora, ni la oficina del alcalde ni la de la gobernadora han ofrecido detalles adicionales sobre cómo se implementaría el gravamen o qué criterios se usarían para definir a los contribuyentes afectados. Lo cierto es que, más allá de los números, el debate refleja una tensión creciente entre el poder económico y las demandas de una ciudad que, pese a su opulencia, enfrenta desafíos como la crisis de vivienda y la desigualdad social.

Griffin, por su parte, no ha respondido públicamente a las declaraciones del alcalde, pero su caso ilustra el dilema: ¿hasta qué punto debe gravarse a quienes, aunque no vivan en Nueva York, extraen valor de su infraestructura y su mercado? La respuesta podría marcar un precedente en cómo las grandes urbes gestionan su relación con la élite financiera global.