Una coalición de 17 fiscales demócratas alzó la voz este miércoles para exigir al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que obligue al gobierno federal a reembolsar, con intereses, a las empresas afectadas por los polémicos aranceles impuestos durante la administración anterior. El reclamo surge tras un fallo histórico de la Corte Suprema, que en junio declaró ilegales esas medidas, al determinar que el Ejecutivo carecía de facultades para imponer gravámenes bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, un instrumento diseñado para tiempos de crisis, no para políticas comerciales rutinarias.

En una carta dirigida a los líderes del Congreso, los fiscales advierten que las empresas y los consumidores estadounidenses pagaron un costo exorbitante: alrededor de 166,000 millones de dólares en aranceles, una carga que se tradujo en precios más altos en productos esenciales, desde alimentos hasta ropa y electrodomésticos. Sin embargo, el camino para recuperar ese dinero se ha vuelto un laberinto burocrático. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) propuso que cada afectado —ya sea una pequeña empresa o un importador— deba iniciar un proceso individual, incluso recurrir a demandas judiciales, para obtener su reembolso. Para los fiscales, esta postura es “inaceptable” y refleja una falta de voluntad del gobierno para asumir su responsabilidad.

La coalición, encabezada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, insiste en que el Congreso no puede permitir que la administración actual maneje este proceso a su conveniencia. “Estos aranceles perjudicaron a negocios en todo el país y encarecieron la vida de las familias. Si el gobierno no actúa con transparencia y devuelve lo que corresponde, el Congreso debe intervenir para garantizar justicia”, declaró James, subrayando que los consumidores, quienes absorbieron el impacto de los precios inflados, merecen que las grandes empresas que reciban reembolsos trasladen ese beneficio a sus clientes.

El debate va más allá de una simple devolución de fondos. Los fiscales argumentan que la legislación que se apruebe debe incluir mecanismos claros para evitar que el dinero termine en manos de corporaciones sin que los ciudadanos vean alivio en sus bolsillos. La discusión también pone en evidencia las tensiones entre el poder legislativo y el ejecutivo, especialmente en un año electoral donde temas como la inflación y el costo de vida dominan el discurso político.

El fallo de la Corte Suprema, que anuló los aranceles por considerarlos un abuso de autoridad, dejó en evidencia los límites del poder presidencial en materia comercial. Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso, que deberá decidir si actúa para corregir lo que los fiscales describen como una injusticia económica. Mientras tanto, miles de empresas —muchas de ellas pequeñas y medianas— siguen esperando una solución que, hasta ahora, parece lejana. La pregunta que queda en el aire es si el Capitolio estará a la altura de las circunstancias o si, una vez más, los intereses políticos terminarán por diluir una demanda que afecta directamente a millones de hogares.