La disputa por los aranceles impuestos durante la guerra comercial de la administración anterior en Estados Unidos ha tomado un nuevo giro, esta vez con un obstáculo inesperado: el gobierno no puede devolver el dinero cobrado a empresas y particulares afectados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) admitió ante un tribunal federal que carece de los mecanismos legales y administrativos para reembolsar los miles de millones de dólares recaudados bajo las controvertidas medidas arancelarias, pese a que un fallo judicial las declaró ilegales.

El reconocimiento de la CBP se produjo en un documento presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional, donde un juez había ordenado revisar y “liquidar” todas las operaciones vinculadas a estos gravámenes. La decisión judicial, respaldada por la mayoría de los magistrados, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) —el marco legal invocado por la Casa Blanca para justificar los aranceles— no podía aplicarse en tiempos de paz. Según el tribunal, esta normativa está diseñada para situaciones de crisis, no para conflictos comerciales, por lo que su uso en este contexto resultó improcedente.

El caso cobró relevancia cuando el juez Richard Eaton, en Nueva York, convocó a una audiencia para analizar cómo proceder con los posibles reembolsos. Sin embargo, la respuesta de la CBP echó por tierra las expectativas de quienes esperaban una compensación. En su escrito, la agencia argumentó que, aunque los aranceles fueron declarados ilegales, el sistema aduanero estadounidense no está preparado para procesar devoluciones masivas de esta magnitud. La complejidad radica en que los fondos recaudados ya fueron distribuidos entre diversas dependencias federales, lo que dificulta rastrear su destino y, por ende, su recuperación.

La noticia ha generado indignación entre los sectores afectados, especialmente en industrias como la automotriz, la agrícola y la tecnológica, que vieron cómo sus costos se dispararon debido a los gravámenes. Empresas de México, China, la Unión Europea y otros socios comerciales de Estados Unidos habían presentado demandas colectivas para recuperar lo pagado, confiando en que el fallo judicial allanaría el camino. Ahora, sin embargo, se enfrentan a un escenario incierto: aunque la justicia les dio la razón, el gobierno alega que no hay forma de cumplir con la orden.

Expertos en comercio internacional señalan que este impasse refleja las limitaciones del sistema legal estadounidense para lidiar con políticas comerciales agresivas. “Es una paradoja: el tribunal reconoce que los aranceles fueron ilegales, pero el Estado no tiene herramientas para enmendar el error”, comentó un analista. Mientras tanto, en el Capitolio, algunos legisladores han comenzado a presionar para que se apruebe una ley que permita las devoluciones, aunque el proceso podría extenderse por años.

El caso también pone en evidencia las secuelas de la estrategia comercial de la administración anterior, que priorizó el proteccionismo sobre la estabilidad de las relaciones económicas globales. Aunque el actual gobierno ha suavizado algunas de las medidas más polémicas, el daño ya está hecho: miles de millones de dólares siguen en manos del fisco estadounidense, y quienes los pagaron no tienen claro si alguna vez los recuperarán. Para muchos, este episodio es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden dejar huellas profundas en la economía, incluso cuando los tribunales intentan corregir los excesos.