El conflicto en el edificio ubicado en Chilpancingo 14 ha dejado al descubierto una serie de irregularidades que, según los vecinos, benefician a empresas administradoras con prácticas cuestionables. El doctor Carlos Manzano, uno de los propietarios, ha denunciado en repetidas ocasiones cómo estas compañías han sido impuestas de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales ni los derechos de los condóminos.

En menos de un año, Manzano ha sido testigo de dos casos que califica como “leoninos”. El primero ocurrió en agosto del año pasado, cuando se celebró una asamblea en la que, según su testimonio, participaron personas que ni siquiera eran dueñas de departamentos en el inmueble. En esa ocasión, se designó a una empresa administradora sin cumplir con los requisitos establecidos. El segundo caso se presentó en enero, cuando se convocó a una nueva asamblea que, en su primera convocatoria, no alcanzó el quórum necesario. Sin embargo, ese mismo día se realizó una segunda convocatoria, en la que se logró el mínimo de votos requeridos, y posteriormente una tercera, donde los asistentes no superaron el 50% del quórum legal.

Manzano también ha señalado que, tras adquirir su vivienda, ha enfrentado obstáculos para obtener la certeza jurídica sobre el mantenimiento del edificio y la asignación formal de su cajón de estacionamiento. Aunque su escritura incluye el derecho a un espacio para automóvil, hasta la fecha no se ha definido su ubicación exacta, lo que ha generado conflictos con la administración. Además, ha buscado que se reconozca el pago justo de las cuotas de mantenimiento, basándose en el indiviso de su propiedad, pero sus solicitudes han sido ignoradas.

El propietario ha denunciado que, en lugar de garantizar transparencia, las autoridades competentes parecen favorecer a estas empresas. “Durante todo este año, me he dado cuenta de que la intervención de la Prosoc ha sido para beneficiar a estas administraciones leoninas”, afirmó. Su descontento creció aún más cuando, en vísperas de las fiestas navideñas, presenció cómo la titular de una de las empresas, Manzana Verde, repartía regalos a servidores públicos en las oficinas de la Prosoc. Este hecho ocurrió días antes de una audiencia en la que él era parte requerida, lo que, en su opinión, evidencia un claro conflicto de intereses.

A esto se suma otro episodio preocupante: en enero, Manzano fue amenazado y grabado sin su consentimiento, una situación que, según él, forma parte de una estrategia para intimidar a quienes cuestionan las irregularidades. A pesar de los obstáculos, el doctor insiste en que su lucha no es personal, sino por la defensa de los derechos de todos los condóminos, quienes merecen una administración transparente y justa.

El caso de Chilpancingo 14 refleja un problema más amplio en la gestión de condominios, donde la falta de regulación y la complicidad de algunas autoridades permiten que empresas con prácticas dudosas operen impunemente. Mientras los vecinos exigen respuestas, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se permitirá que estos abusos continúen?